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Resolución del Parlamento Europeo

Resolución «sobre una acción común de los Estados miembros de la Comunidad Europea en torno a diversas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan bajo la cobertura de la libertad religiosa»

 

El Parlamento Europeo,

  • reconociendo el principio enunciado en el artículo 9 de la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre,
  • visto el Tratado de Roma, y especialmente su artículo 220,
  • visto el Año Internacional de la Juventud previsto para 1985,
  • vistas las propuestas de resolución sobre:
    * los problemas provocados por la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial de Sun Myung Moon (documento 1-2/82).
    * las actividades de la Iglesia de la Unificación Universal («Unification Church»), dirigida por Sun Myung Moon (documento 1-109/82).
  • visto el informe de la Comisión de la Juventud, de la Cultura, de la Educación, de la Información y de los Deportes y la nota de la Comisión jurídica (doc. 1-47/84).

A) Considerando la inquietud que suscitan entre los ciudadanos europeos y sus familias las actividades de ciertas organizaciones designadas como «nuevos movimientos religiosos», en la medida en la que ellas atestan contra los derechos civiles y contra los derechos del hombre y comprometen la situación social de las personas afectadas. 

B) Reafirmando el principio de existencia en los Estados miembros de la Comunidad Europea de la total libertad de opinión y de religión, la Comunidad, sin tener a partir de este hecho ningún derecho a juzgar la legitimidad de las creencias religiosas en general y de la actividad religiosa en particular.

C) Convencido de que en esta materia no es puesta en cuestión la validez de las creencias religiosas, sino el carácter legal de los métodos para el reclutamiento de nuevos miembros y para el tratamiento reservado a estos últimos.

D) Considerando que los problemas resultantes del resurgir de ciertos «nuevos movimientos religiosos» constituyen un fenómeno internacional que toca a todos los Estados miembros, aunque en diverso grado, y ha suscitado ya en buen número de ellos, encuestas, medidas gubernamentales y juicios.

E) Teniendo en cuenta que el desinterés manifestado por los adeptos a esos movimientos con respecto a la vida que llevaban con anterioridad eleva a nivel social y de legislación laboral problemas que repercuten negativamente, no sólo sobre las personas afectadas, sino también sobre la sociedad y su organización.

F) Considerando que, en razón de las diferentes denominaciones que estas organizaciones tienen en los Estados miembros, es sumamente difícil encontrar un concepto neutro en el que sean comprendidos todos de la misma manera. 

1. Estima necesario que los Consejos de Ministros competentes —a saber, los Ministros de Interior y los Ministros de Justicia reuniéndose en el cuadro de la cooperación política europea, así como el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales— organicen, en el más breve plazo, un intercambio de información sobre los problemas que conlleva la actividad de ciertos «nuevos movimientos religiosos», y que examinen especialmente los problemas siguientes:

a) Las modalidades de utilidad pública de estos movimientos y la exoneración fiscal de la que se benefician.

b) El respeto de las leyes en vigor en los diferentes Estados miembros, en materia de derecho de trabajo y de protección social, por ejemplo.

c) Las consecuencias de la falta de respeto a estas leyes en la sociedad.

d) La búsqueda de personas desaparecidas y las posibilidades de cooperación con terceros países a este respecto.

e) La manera por la cual pudiera ser violado el derecho a la libertad individual de sus miembros.

f) La creación de servicios de asistencia ofreciendo a las personas que abandonan estos movimientos el sostén jurídico y la ayuda necesaria para su reinserción social y profesional.

g) La existencia de ciertas lagunas jurídicas resultantes de la disparidad de legislaciones entre los diferentes Estados miembros, como consecuencia de las cuales ciertas actividades prohibidas pueden ser ejercitadas en otros países.

2. Invita a los Estados miembros a concertarse sobre la recopilación de datos referentes a las ramificaciones internacionales de las organizaciones mencionadas comprendiendo los testaferros y las organizaciones fantasmas, así como sus actividades en los Estados miembros.

3. Invita a la Comisión:

a) A presentar un informe sobre las indicaciones realizadas en el párrafo 2º, que mencione en particular las medidas tomadas hasta el presente por las instancias gubernamentales, especialmente por los servicios de Policía y los Tribunales, en lo que se refiere a estas organizaciones en caso de violación de la ley y las conclusiones a las que llega la comisión de información sobre estas organizaciones.

b) A elaborar un procedimiento destinado a garantizar en el contexto una protección eficaz de los ciudadanos de la Comunidad.

4. Requiere al Consejo de Ministros competente para que examine —sobre la base de los datos reunidos, así como del informe de la Comisión— los problemas que ocasiona la actividad de las organizaciones mencionadas, lo cual permitiría a los Estados miembros asegurar la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

5. Recomienda que el examen, el inventario y la valoración de las actividades de las organizaciones referidas se basen en los criterios siguientes:

a) Las personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad no deberían ser incitadas a pronunciar votos que comprometan de manera determinante su porvenir.

b) El compromiso pedido, de orden financiero o personal, debe ser precedido de un período de reflexión suficiente.

c) Después de la adhesión, la familia y los amigos deben poder entrar en contacto con el nuevo miembro.

d) Los miembros ya comprometidos en un ciclo de formación no deben ser impedidos para llevarlo a su término.

e) Deben ser respetados los siguientes derechos individuales:

  • el derecho a abandonar libremente un movimiento;
  • el derecho a tomar contacto con su familia y amigos mediante desplazamientos en persona, por carta o por teléfono;
  • el derecho a solicitar la opinión de una persona independiente en el terreno jurídico o en cualquier otro;
  • el derecho de consultar a un médico.

f) Nadie debe ser incitado a transgredir la ley, especialmente para recolectar fondos, mendigando o prostituyéndose, por ejemplo.

g) Los movimientos no deben pedir ningún compromiso permanente a miembros potenciales que, como los estudiantes o los turistas, efectúan una visita a un país en el que no son residentes.

h) Desde el reclutamiento, el nombre y los principios del movimiento deben estar especificados inmediatamente.

i) Los movimientos deben proporcionar a las autoridades competentes, si se lo piden, toda información concerniente al lugar de permanencia o residencia de ciertos miembros.

j) Los «nuevos movimientos religiosos» deben velar para que las personas que dependen de ellos y trabajan para ellos se beneficien de la protección social adecuada en los Estados miembros donde ellos trabajen o residan.

k) Si un miembro de un movimiento se desplaza al extranjero por cuenta del movimiento, es éste el que debe asumir la responsabilidad de su repatriación, particularmente en caso de enfermedad.

l) Las llamadas telefónicas que provengan de las familias de los miembros deben serles transmitidas y toda correspondencia debe serles entregada sin retraso.

m) En lo que concierne a los niños de los miembros, los movimientos deben velar muy cuidadosamente que les sean dados una educación y cuidados apropiados y evitar todo lo que pudiera perjudicar el bienestar del niño.

6. Estima deseable emprender igualmente un camino común en el marco del Consejo de Europa e invita a los gobiernos de sus Estados miembros a dedicarse a la elaboración, en el seno de esta instancia, de convenciones que garanticen al individuo una eficaz protección contra las eventuales maquinaciones de estas organizaciones y los daños físicos y psíquicos que ejerzan.

7. Encarga a su presidente transmitir la presente resolución a la Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas, a los gobiernos y a los parlamentos de los Estados miembros, así como al Consejo de Europa.